La piratería de los sistemas de acceso condicional (CAS) se dispara en España en los llamados vídeos comunitarios. No sólo se contentan con la venta de descodificadores, antenas parabólicas y todo el material necesario para el visionado ilegal de los canales de Digital+, ahora también se apuntan a la piratería algunos vídeos comunitarios de poblaciones más o menos pequeñas. Estos sistemas (el antecedente más inmediato de los llamados "cableoperadores" que conocemos ahora) se prestan mejor que otros sistemas por ondas a la piratería. ¿Por qué? Sus emisiones son cerradas (esto es, sólo las reciben los abonados mediante un cable de antena que recorre las calles del pueblo) y es fácil eludir las inspecciones. Sabemos que hay sistemas de estos que han ofrecido los partidos de la Liga de manera ilegal. También pasan canales de Digital+ sin permiso expreso de la plataforma de pago. Otras veces rozan la ilegalidad cuando pasan a sus abonados televisiones en abierto de otras partes del mundo que ofrecen eventos exclusivos que legalmente sólo pueden visionarse en España -previo pago- mediante Digital+ y las diferentes cableoperadoras. La supuesta impunidad en la que generalmente se mueven los llamados vídeos comunitarios parece que ha empezado a preocupar a Digital+. En los últimos meses la policía presuntamente ha intervenido -según diversas notas de prensa- varios vídeos comunitarios por esta razón: San Juan del Puerto (Huelva), Marinaleda (Sevilla), Lorquí (Murcia), Cartaya (Huelva), La Puebla (Sevilla), Coria del Río (Sevilla), Fuente de Piedra (Málaga), Órgiva (Granada), Los Marines (Huelva), Brea de Tajo (Madrid)... Estas actividades ilícitas suponen un delito contra la propiedad intelectual que se contempla en el Artículo 270 del Código Penal. Podrían suponerles a los infactores penas de cárcel de hasta 2 años y multas que pueden ser muy elevadas si el juez considera que la estafa es muy grave. Recientemente han caído varios vídeos comunitarios y televisiones locales en la llamada Operación Jardín. Una de las escasas posibilidades de supervivencia de los vídeos comunitarios -habida cuenta de sus escasos medios para ofrecer un servicio de calidad en comparación con las cableoperadoras- pasa por el bajo precio de sus servicios y, en el lado ilícito, por la emisión ilegal de televisiones codificadas.